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Víctimas Inocentes: El papel de los abogados en los casos de abuso infantil

| 20 Marzo, 2014 at 10:19 am

Cindy Bizier se angustiaba sin cesar por el cuidado de su nieto, preocupada de que el niño fuera a salir corriendo detrás de su camioncito amarillo a la calle, se quemara con el encendedor de su madre o se acercara demasiado al canal cuando su hija Autumn, adicta a las drogas, no estuviera pendiente.

De modo que la abuela hizo algo extraordinario: llamó al DCF a nombre de Autumn, su propia hija. Cuando un investigador de abuso infantil visitó la casa de Sunrise donde han vivido tres generaciones de la familia, Bizier salió afuera y en voz baja le rogó al empleador para que se llevaran a Aidan a un hogar adoptivo. Bizier pensaba que era la única forma de proteger al niño que afectuosamente llamaba “Charlie Brown”.

Cinco llamadas a la línea de emergencia del DCF condujeron a cinco investigaciones que concluyeron que Autumn debía tomar clases y someterse a un tratamiento para desintoxicarse de las drogas, pero ambas gestiones fueron en vano.

Poco después, Aidan moriría en un incendio en la casa mientras Bizier trabajaba y Autumn dormía, según un informe estatal sobre la muerte del pequeño. Los bomberos hallaron al niño en el piso del garaje, cerca de la puerta, con su osito de peluche debajo del brazo, y su perra, Missy, igualmente muerta a su lado. Vincent Lee “Aidan” Bizier tenía solamente tres años.

“Debí haber hecho algo. Debí haber sido más fuerte, más dura’’, dijo Cindy Bizier, de 56 años, con la voz entrecortada por el dolor y los ojos anegados de lágrimas. “Él necesitaba estar en un lugar seguro. Supongo que Dios se lo llevó porque no éramos buenos’’.

Si un fuego fue la causa de la muerte del niño, los dos años de indecisiones por parte de los abogados estatales también desempeñaron un papel en la tragedia.

En los meses previos a la muerte de Aidan, detectives de la policía de Broward (BSO) encargados de investigar las denuncias del abuso infantil en el condado le pidieron dos veces a los abogados que le solicitaran a un juez que le ordenara a Autumn que aceptara ayuda del estado o que se le retirara la custodia del niño. En las dos ocasiones los abogados se negaron, y argumentaron que no había razones suficientes para hacerlo.

OBSTÁCULOS LEGALES

El Miami Herald estudió seis años de records detallando las muertes de niños cuyas familias tenían investigaciones pendientes con DCF y encontró que cuando los investigadores o médicos pagados para detectar el abuso infantil querían que niños fueran removidos de sus casas o que un juez ordenara otras formas de protección, los abogados de la agencia se negaban a menudo a hacerlo, citando que había poca base legal.

“Nadie quiere más que yo proceder con estos casos, pero tenemos que asegurarnos que tenemos la evidencia adecuada”, dijo Grainne O’Sullivan, jefa del departamento legal del DCF desde enero.

Aidan es uno de los 49 niños de la Florida que murieron después que abogados del DCF dijeron que al estado le faltaba la autoridad —“suficientes pruebas legales”— para actuar a su nombre, o a nombre de un hermano.

En la Florida, el DCF debe presentar una “petición de dependencia” ante un juez que puede colocar a un menor de edad bajo cuidado estatal u ordenar que los padres del niño acepten servicios y supervisión. De lo contrario, toda acción por parte de los padres es voluntaria. Los abogados del DCF y sus representantes en la Oficina de la Fiscalía Estatal en varios condados son quienes deciden si se debe presentar la petición y cuándo hacerlo.

Bajo las leyes federales que gobiernan el uso de fondos para el cuidado infantil en la Florida, los investigadores y sus abogados deben hacer “esfuerzos razonables” —como clases o que los padres reciban tratamiento antidrogas— para mantener a los niños con sus familias cuando los pequeños corren el riesgo de sufrir daños.

Pero las reglas son distintas cuando los niños han sido gravemente heridos. Las leyes de la Florida no requieren “esfuerzos razonables” por parte de las autoridades cuando un menor ya ha experimentado “abuso infantil agravado” o cuando “el uso extenso, abusivo y crónico de alcohol o sustancias controladas”, enfermedades mentales o otros problemas serios hacen a los padres no aptos para cuidarlo.

En casos de niños que ya han sido seriamente maltratados, dice O’Sullivan, “nosotros removemos a los niños y después decidimos cómo vamos a proceder legalmente”. Casos que involucran a familias con largos historiales de adicción y negligencia, agregó la abogada, son más difíciles para los abogados, que ya han sido reprendidos por los jueces por querer actuar muy rápido.

Sin embargo, defensores de menores dicen que las autoridades de la Florida han definido los “esfuerzos razonables” que requiere la ley de una manera tan vaga que deja a los niños en peligro.

“Esfuerzos razonables nunca debe significar que se debe dejar a un pequeño en una situación peligrosa y cruzar los dedos para que no pase nada”, dijo Jess McDonald, que dirigió el Departamento de Niños y Familias de Illinois desde 1994 hasta el 2003, y en la actualidad ayuda a supervisar las reformas de protección infantil en el estado de Washington.

“Los esfuerzos razonables no deben ser más importantes que la seguridad de un niño”, dijo Linda Spears, vicepresidenta de normas de la Liga Americana de Cuidado Infantil (Child Welfare League of America). “Si éste fuera el caso, no tendría sentido tener una respuesta sobre protección infantil”.

Siete meses después de la muerte de Aidan, Fran Allegra, funcionaria principal de la agencia privada de cuidado infantil de Miami, se quejó en un correo electrónico que envió a abogados de la agencia que los investigadores pensaban que “no tenían la libertad y la autonomía para tomar decisiones profesionales”.

Dos de los principales funcionarios que el DCF tenía en ese momento —Mary Cagle, directora de los Servicios Legales Infantiles y Pete Digre, asistente de la secretaria del DCF, Esther Jacobo— enviaron un memorando en el 2010 alegando que el concepto de “suficiencia legal” no debe ser el único criterio y que los investigadores y trabajadores sociales deben emplear el “sentido común”.

MUERTES SIN CONSECUENCIAS

Incluso cuando los padres han violado en repetidas oportunidades las órdenes de la corte para proteger a sus hijos, los abogados de DCF seguían obstaculizando los esfuerzos para intervenir. Por ejemplo, en febrero del 2009 la agencia removió al recién nacido Lucas Daniel Machin-Torres y a sus dos hermanos de la residencia de su madre en Homestead. DCF argumentó que la negativa de Jocelynn Torres-Machin de recibir tratamiento por su condición bipolar y ataques de ira la hacían no apta para el cuidado de los pequeños.

En uno de los incidentes que llevó a la retirada de los niños, Torres-Machin se fugó con los tres niños sin ningún asiento infantil o cinturón de seguridad en un carro Ferrari alquilado. Su suegra trató de detenerla pero, según el reporte oficial, Torres-Machin la agarró por el pelo, la tiró al piso, y procedió a patearla y pegarle, causándole una fractura en la muñeca.

Torres-Machin fue detenida por las autoridades más tarde, cuando iba manejando a 112 millas por hora en Biscayne Boulevard.

De acuerdo a la orden del juez emitida en ese momento, Torres-Machin sólo podía ver a los niños bajo la supervisión de su esposo, Gregorio Machin, con quien ella vivía. Los reportes de abusos continuaron.

En diciembre del 2009 se informó que la familia estaba violando la orden de la corte y que dejaban a los niños al cuidado de su “muy violenta” madre.

En mayo del 2010 se reportó que Torres-Machin le había pegado un puñetazo a uno de sus hijos en el ojo.

En marzo del 2011, el padre violó de nuevo la orden de la corte y dejó a los niños al cuidado de su madre, quien a su vez salió del hogar y los dejó solos.

Tras el reporte de marzo del 2011, los investigadores del caso consultaron al abogado asignado, quien les dijo solamente que debían “reiterar las condiciones de la orden de custodia” al padre.

El 15 de abril del 2012, Torres-Machin llevó a sus hijos a la piscina. Uno de los niños le dijo a los investigadores que su madre había pasado el día iendo y viniendo al baño, donde estaba consumiendo cocaína. Lucas, quien estaba en el agua sin supervisión, casi se ahoga. Finalmente se le desconectó de las máquinas de soporte vital siete días más tarde, el 22 de abril.

En un mensaje de correo electrónico enviado el diciembre del 2012, la psicóloga de la corte, Vanessa Archer, lamentó que “la muerte de Lucas nunca debió haber ocurrido”.

“Yo dudo mucho que ningún reporte interno vaya a responsabilizar a nadie”, escribió Archer un mes más tarde. Y tenía razón: el informe final de la muerte de Lucas concluyó que “la seguridad y bienestar de los niños fueron abordados apropiadamente”.

INVESTIGADORES VS. ABOGADOS

Otros informes han sido más críticos de la actuación de la agencia de bienestar infantil, incluyendo uno sobre la muerte del bebé Ezekil Mathis en el área de Tampa. En mayo del 2011 cuando abogados aprobaron mover a un refugio a su hermana de dos años, que creían había sido abusada por el novio de su madre, pero prohibieron hacer lo mismo con el infante. La pequeña tenía moretones inexplicables en gran parte del cuerpo, pero como el hermano Ezekil no presentaba ningún indicio evidente de abuso, se le dejó en la casa.

La madre del niño firmó un “plan de seguridad” prometiendo que su novio, Damarcus Kirkland-Williams, tuviera ningún contacto con el niño, una orden que la pareja violó.

Dos veces los investigadores del DCF trataron de sacar de la casa a Ezekil y llevarlo bajo cuidado estatal. Y dos veces, la petición fue denegada por la Fiscalía Estatal, la cual argumentó que no veía causa para intervenir. Tracy Sheehan, jueza de Circuito del Condado Hillsborough también intentó involucrarse tras conocer las lesiones sufridas por la hermana de Ezekil, y le ordenó a Kirkland-Williams que no tuviera contacto con el niño. Pero en realidad la juez no tenía autoridad para emitir ea orden, según apuntó después un informe del caso hecho por DCF, porque la agencia no había presentado ninguna moción.

Una trabajadora social visitó el hogar el 18 de mayo del 2011 y encontró a Kirkland-Williams en la casa. La madre de Ezekiel admitió que él había estado en el lugar en varias oportunidades, a pesar de las condiciones del plan de seguridad. Horas después de la visita, Kirkland-Williams atacó al niño, dijo la policía. Enfurecido con la madre de Ezekil, el hombre lo lanzó contra un mueble, y cuando el pequeño comenzó a llorar, le pegó fuertemente en la espalda. Ezekiel tenía 13 meses de nacido cuando murió. Kirkland-Williams fue acusado de homicidio en primer grado y de abuso infantil.

Tras la muerte de Ezekil, Pam Bondi, procuradora general, ordenó una revisión interna de lo sucedido. El informe concluyó que hubo fallos en la manera en que los abogados manejaron el caso. Lo que los abogados pasaron por alto, según el reporte de 15 páginas, fue “la visión completa” de la problemática familia de Ezekiel. Los abogados tampoco le dieron suficiente importancia a las opiniones de los investigadores quienes habían realmente visto al niño y a su madre, agregó el informe.

Jacobo dijo que los abogados de su agencia en la actualidad están recibiendo cursos de capacitación para aprender a observar la dinámica de toda la familia y que los investigadores de protección infantil debían tener el poder de luchar cuando no se sientan a gusto con una decisión tomada por sus abogados. Jacobo dijo que la agencia tiene un procedimiento para resolver casos en que los abogados y los profesionales encargados de la protección infantil no están de acuerdo en cómo proceder. Pero en muchas instancias, los abogados son los que llevan las de ganar. El caso de Aidan es un ejemplo excelente.

UNA HUELLA IMBORRABLE

En un lapso de dos años, el BSO concluyó que Aidan corría un gran riesgo mientras él estuviera bajo el cuidado de su madre. Cindy Bizier compartía los mismos temores, y hasta amenazó a principios del 2009 —sólo dos meses antes de la muerte del niño— con cortar su propia electricidad y dejar de comprar alimentos para así obligar al DCF a sacar el pequeño de la casa. Entre las razones estaban:

12 de marzo del 2008: Aidan, que entonces tenía dos años, fue encontrado caminando solo en la orilla de un canal. Tanto Autumn Bizier como su novio de esa época, Shane Howard —que no era el padre de Aidan— reconocieron haber fumado marihuana. Howard además dio positivo en pruebas de consumo de marihuana, cocaína y benzodiazepine, una droga para la ansiedad.

Aunque un detective del BSO quiso apelar a los tribunales para obligar que la madre y el novio dejaran de drogarse y tuvieran un mejor comportamiento como padres, los abogados del DCF lo pararon en seco. “Hasta ahora se ha documentado que la negligencia con los niños no es grande”, dijo un reporte del DCF.

4 de diciembre del 2008: DCF fue informado de que Autumn Bizier y Howard usaban drogas “regularmente”, algo que la pareja aceptó otra vez. Bizier fue incluso acusada de conducir su automóvil bajo la influencia de drogas con Aidan en el vehículo.

“La protección que pueden brindar los padres a este niño es cuestionable, considerando que continuan usando sustancias ilegales”, dijo el investigador del caso en su reporte. Un detective del BSO trató de presentar una petición en la corte para obligar a que Autumn Bizier aceptara ayuda del estado, pero abogados del DCF dijeron que no había suficientes pruebas que presentar ante un juez.

8 de enero del 2009: Autumn negó alegaciones de que había llevado a Aidan a robar con ella en una tienda. El detective escribió que estaba “preocupado por la seguridad del niño debido a que la adicción a las drogas de la madre parecía empeorar” y sospechaba que Bizier lleva a Vincent “con ella cuando sale a comprar drogas”. Los abogados del DCF bloquearon la petición del BSO para presentar una petición en la corte.

Autumn Bizier insiste que sus acciones nunca pusieron en peligro a su hijo. “El DCF vino a la casa un par de veces y analizaron a Aidan y dijeron que era un niño saludable que tenía buen aspecto y que había comida en la casa”, dijo Bizier. “Yo entonces era una madre joven, pero eso no me impedía hacer lo que necesitaba para cuidar a mi hijo”.

La mañana del 13 de marzo del 2009, Cindy Bizier recibió una llamada de Autumn en pánico. La abuela corrió desesperadamente a la casa, y cuando se acercaba, vio a un helicóptero que sobrevolaba la vivienda. Enseguida supo qué pasaba.

Cuando se inició el fuego, un vecino trató de ayudar, pero las llamas se lo impidieron. En el incendio perecieron, además de Aidan y la perra Missy, dos perros de la raza Shar-Peis y otro mezclado. Los bomberos creen que Aidan estaba jugando con un encendedor Zippo cuando comenzó el siniestro. Se determinó que la muerte fue un accidente.

A pesar de que las pruebas que se le hicieron a Autumn dieron positiva para marihuana y ella mismo dijo haber fumado la yerba la noche anterior, la Fiscalía Estatal de Broward determinó que la muerte de Aidan fue accidental y no quiso presentar ninguna acusación.

Las llamas dejaron una escalofriante chamuscadura en forma de corazón en la pared del garaje, precisamente donde Aidan fue hallado solo salvo por la compañía de Missy, su fiel pitbull, que murió a su lado.

Atormentada por la muerte de su nieto, Cindy Bizier todavía no ha podido pintar sobre esa marca en la pared.

Fuente: El Nuevo Herald

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